Definición
Programas en los que el gobierno opera la adquisición de alimentos para establecer mercados estables como un importante canal de comercialización para los agricultores familiares. Los alimentos adquiridos públicamente también pueden utilizarse para promover el acceso a alimentos saludables para las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria, y para alimentar bancos de alimentos que sirvan como reservas estabilizadoras en caso de escasez (por ejemplo: tras la aparición de fenómenos climáticos extremos y crisis económicas).
Justificación
Varios pequeños agricultores tienen dificultades para acceder a los mercados de contratación de sus productos agrícolas. A continuación figura una lista no exhaustiva de motivos:
- la distancia de sus tierras a los centros de comercialización,
- carreteras en mal estado,
- falta de medios para transportar sus productos por sí mismos, y
- ausencia de documentos formales necesarios para la venta.
La mayoría carece de mecanismos de ahorro y cobertura de su producción, por lo que las variaciones inesperadas de los precios pueden perjudicar gravemente sus ingresos actuales y futuros.
Por otro lado, varias personas con bajos ingresos sufren inseguridad alimentaria y pueden carecer de medios para comprar alimentos sanos (por ejemplo, proteínas y verduras frescas). Las familias que viven en zonas desatendidas, las personas sin hogar, las madres solteras, los niños y adolescentes y las personas mayores se encuentran entre los más afectados. Muchos de ellos están fuera de la población activa y carecen de ingresos regulares. En concreto, los dos últimos grupos mencionados están fuera de la población en edad de trabajar y a menudo dependen de los alimentos que se sirven en las instalaciones públicas, como las comidas de los colegios públicos, para complementar su dieta.
Teniendo en cuenta tanto el lado disfuncional de la oferta como el de la demanda, los gobiernos pueden y deben actuar para garantizar unos medios de vida estables y adecuados entrando en el mercado como agentes o mediadores de las transacciones.
Intervenciones clave
Adquisición pública de alimentos y desarrollo de capacidades conexas
La compra de alimentos proporciona a los agricultores familiares, pescadores y otras comunidades rurales una garantía de venta de sus productos, lo que ayuda a planificar su producción y probablemente reduce las ventas a intermediarios, permitiéndoles aumentar sus márgenes de beneficio y sus ingresos finales.
Los contratos públicos pueden establecer precios fijos o mínimos que garanticen a los productores rurales la satisfacción de sus necesidades financieras. Las políticas pueden tener criterios de elegibilidad basados, por ejemplo, en los ingresos de los agricultores o en el tamaño de sus propiedades. Las políticas también pueden dar prioridad a las mujeres, o a otros grupos que experimentan vulnerabilidades cruzadas.
También puede haber criterios de elegibilidad que exijan el cumplimiento de la legislación medioambiental y el uso de prácticas sostenibles. Los gobiernos pueden dar prioridad a las adquisiciones de alimentos orgánicos o ecológicos. Es una forma de fomentar tanto la sostenibilidad como las dietas saludables.
Los alimentos adquiridos suelen utilizarse para satisfacer la demanda de la administración pública. Por ejemplo, las escuelas y los hospitales necesitan suministrar comidas para estudiantes y pacientes, respectivamente. Asimismo, las unidades militares, los restaurantes universitarios, las prisiones y otros organismos de servicio público demandan alimentos para servir comidas. Y lo que es más importante, estos alimentos pueden suministrarse a los pobres y a quienes sufren inseguridad alimentaria en condiciones facilitadas.
Como complemento a la adquisición, puede llevarse a cabo la capacitación de los pequeños agricultores. Se puede proporcionar asistencia técnica, formación y recursos a los pequeños agricultores para mejorar su capacidad de cumplir las normas de calidad, cantidad y sostenibilidad exigidas por los compradores institucionales. Se les puede animar a procesar los alimentos producidos y a establecer pequeñas agroindustrias familiares. Esto incluye el apoyo a las inversiones en técnicas de producción, maquinaria e insumos que mejoren el cultivo. Además, los incentivos podrían fomentar la creación y el fortalecimiento de organizaciones formales de agricultores, como cooperativas y asociaciones.
Precios de los alimentos favorables a los pobres
La administración pública también puede ingeniárselas para distribuir los alimentos comprados entre los necesitados, renunciando a los beneficios e incluso subvencionando parcial o totalmente los costes.
Los alimentos adquiridos en los mercados de abastos pueden suministrarse en la red de asistencia social, que incluye restaurantes populares, cocinas sociales y solidarias, bancos de alimentos, o incluso quedar en manos de los pequeños agricultores para su autoconsumo. En estos casos, es importante tener en cuenta la dimensión espacial de la pobreza y situar las instalaciones en zonas estratégicas.
Juntos, la contratación pública y los mecanismos en favor de los pobres fomentan cadenas de suministro más cortas, reforzando el vínculo entre la producción local y el consumo, con lo que se apoyan los sistemas alimentarios locales, se reduce la dependencia de los mercados mundiales y se reducen los costes de transporte y la huella de carbono.
Comunidades pobres y con inseguridad alimentaria, especialmente las enumeradas a continuación.
Productores:
- Agricultores familiares;
- Pastores;
- Poblaciones indígenas;
- Comunidades sin litoral o que viven en zonas aisladas;
- Pastores,
- Fishers;
- Habitantes de los bosques.
Consumidores:
- Productores (consumo propio);
- Familias que sufren inseguridad alimentaria y malnutrición;
- Mujeres;
- Niños y adolescentes;
- Ancianos;
- Personas sin hogar.
Visión general
Varios estudios aportan pruebas de que los mercados institucionales, incluidos la contratación pública y los mecanismos de fijación de precios de los alimentos favorables a los pobres, pueden tener efectos positivos en la seguridad alimentaria y la nutrición. Kelly y Swensson (2017) destacan cómo la adquisición institucional de alimentos puede aprovecharse para vincular a los pequeños agricultores con los mercados. Además, un amplio estudio de los programas públicos locales de adquisición de alimentos en América Latina y el Caribe realizado por Leão et al. (2025) aporta pruebas sólidas de que, cuando dichos programas se dirigen explícitamente a los pequeños agricultores, pueden contribuir significativamente a la seguridad alimentaria y la nutrición, generar empleo y reforzar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. El estudio muestra que los pequeños agricultores de Brazil que participaron en programas de contratación pública experimentaron aumentos de ingresos que oscilaron entre aproximadamente 19% y 106%. Además, los datos sugieren que los programas en Guatemala y Honduras generaron hasta 478 puestos de trabajo por cada millón de dólares estadounidenses negociados.
Ejemplos de países
Brasil: Desde 2003, Brazil aplica el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que crea un mercado estructurado y garantizado para los agricultores familiares al permitir que el Estado les compre alimentos directamente sin licitación y a precios de referencia definidos administrativamente. Según Sambuichi et al. (2024), la modalidad PAA-CDS contribuyó a un aumento medio de 24,2% en los ingresos brutos de producción de los agricultores, y las mayores ganancias correspondieron a los productores más pobres. En concreto, los agricultores del percentil 10 de ingresos brutos experimentaron aumentos de ingresos de 45,9%. Además, las pruebas presentadas por Soares et al. (2013) indican que la participación en el PAA se asoció con la ampliación de la producción y la modernización tecnológica: aproximadamente un tercio de los agricultores beneficiarios aumentaron su superficie cultivada, mientras que dos tercios incrementaron el nivel de tecnología utilizada en la producción de cultivos. Las mejoras en los ingresos, la ampliación de la superficie cultivada y los mayores niveles de tecnología facilitaron una división más eficiente del trabajo dentro de los hogares, lo que permitió a los miembros de la familia dedicarse a actividades no agrícolas y diversificar sus fuentes de ingresos.
- Restricciones presupuestarias;
- Eficacia burocrática. Como este instrumento político se basa en la ejecución de compras y ventas por parte de los gobiernos, depende de mecanismos burocráticos que garanticen la transparencia y la equidad. Si los procesos no están bien establecidos y configurados, suponen una amenaza para el funcionamiento del instrumento, ya sea porque fracasan a la hora de establecer la transparencia y la equidad, o porque las operaciones son demasiado lentas o complicadas..;
- Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno: al depender de asociaciones con entidades federales a nivel estatal y municipal, existen limitaciones de naturaleza política, en términos de capacidad de planificación y ejecución;
- Equipo bien formado: la complejidad de hacer operativos programas a escala nacional requiere una capacidad de coordinación razonable por parte de los gestores de los programas, lo que implica recursos humanos y tecnología cualificados.
ODS 3 - Buena salud y bienestar
- Objetivo 3.4 - Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
- Objetivo 8.3 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo digno, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y fomenten la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a los servicios financieros.
- Objetivo 8.4 - Mejorar progresivamente, hasta 2030, la eficiencia global de los recursos en el consumo y la producción y esforzarse por disociar el crecimiento económico de la degradación medioambiental, de acuerdo con el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles, con los países desarrollados a la cabeza.
- Objetivo 8,5 - Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor.
ODS 10 - Reducir las desigualdades
- Objetivo 10.1 - Para 2030, lograr y mantener progresivamente un crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a un ritmo superior a la media nacional.
- Objetivo 10.2 - Para 2030, empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica o de otro tipo.
- Objetivo 10,4 - Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
ODS 12 - Consumo y producción responsables
- Objetivo 12.2 - Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
- Objetivo 12,3 - Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo a nivel de minoristas y consumidores y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
- Objetivo 12,7 - Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Recomendaciones políticas del CSA para conectar a los pequeños agricultores con los mercados
Principios del CSA para la inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios (CFS-RAI)