El Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales (CRIAR) se dirigía a los pequeños productores rurales con el objetivo de mejorar la renta agraria y la seguridad alimentaria gracias al aumento de la productividad derivado de la adopción de tecnología.

  • Intervención: El programa proporcionaba vales a pequeños y medianos agricultores a cambio de tecnologías agrícolas y asistencia técnica. Las tecnologías eran seleccionadas por el agricultor a partir de un menú predeterminado de tecnologías. Los vales sólo se canjeaban por tecnologías o insumos.
  • Implantación: El programa ofrecía vales no reembolsables que financiaron 90% del coste total de una tecnología agrícola elegida por el productor. El programa CRIAR se ejecutó en cinco departamentos de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí) y se centró en 33 municipios y 1.355 comunidades. El sitio orientación del programa se basó en los siguientes criterios:
    • vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria medida con el “Mapa de Evaluación de la Vulnerabilidad” (MAV);
    • capacidad agrícola productiva; y
    • continuidad territorial para simplificar la ejecución del programa.
  • En tecnologías que ofrece el programa pueden dividirse en cinco grupos: invernaderos, plantación, cosecha, postcosecha y tecnologías ganaderas. Las más demandadas fueron las tecnologías de plantación (76%), que incluían principalmente riego tecnologías.
  • En unidad ejecutora implementó ferias tecnológicas sobre el terreno. En estas ferias, los pequeños productores pudieron acercarse a diferentes proveedores de tecnología. En total, se organizaron 33 ferias -una por municipio beneficiado- que duraron unos tres días cada una. Estas ferias se ubicaron dentro de los municipios para que fueran accesibles a las distintas comunidades participantes. Durante las ferias, la unidad ejecutora verificó la elegibilidad de cada productor y proporcionó los vales. Con la implementación de las ferias tecnológicas se buscó reducir las asimetrías de información y eliminar los problemas relacionados con la escasez de oferta y la delgadez de los mercados, al proporcionar un espacio físico donde la demanda (pequeños productores) y la oferta (proveedores privados de tecnología) pudieran realizar el intercambio comercial.
  • Los productores utilizaron los vales durante la feria para firmar un contrato de compra con el proveedor seleccionado para la tecnología elegida. El proveedor privado seleccionado por el productor disponía de 45 días laborables para entregar la tecnología al productor. El sitio productores podían optar basándose en los siguientes criterios:
    • presentar una tarjeta de identificación válida;
    • pertenecer a la lista comunitaria;
    • tener la agricultura como actividad económica principal; y
    • ser un pequeño productor con menos de 35 hectáreas de tierra.

Una vez que los productores recibieron la tecnología, la unidad ejecutora proporcionó una formación personalizada sobre el terreno sobre el uso y funcionamiento de las tecnologías adquiridas. Esta capacitación tuvo como objetivo fomentar un uso adecuado y efectivo de la tecnología entre los agricultores. Finalmente, una empresa privada realizó una verificación in situ del proceso de entrega y asistencia técnica a todos los productores beneficiados. El costo total de la tecnología fue pagado al proveedor privado una vez que la empresa verificadora certificó el proceso de entrega por parte de la unidad ejecutora del programa.

Aproximadamente 69.000 agricultores en dos fases de 2011 a 2023.

Coste por beneficiario: US$1.200 (incluida la tecnología y la asistencia técnica).

La ejecución incluyó una estrecha colaboración y coordinación entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, las comunidades locales y el sector privado. Se creó una unidad ejecutora en el Ministerio para llevar a cabo el proyecto. Antes de la puesta en marcha del programa se elaboró un manual operativo para la ejecución del programa con responsabilidades, funciones, salvaguardias sociales y medioambientales, etc., que se actualizó a lo largo de la ejecución.

Unidad ejecutora. El programa fue implementado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la entidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través de la Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía Alimentaria (IPD-SA), la cual fue legalmente establecida bajo el MDRyT a través del Decreto Supremo 1858. La Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa (UCEP), formaba parte de la IPD-SA. La PCEU realizaba la planificación, gestión y seguimiento del programa, elaboraba los instrumentos de planificación, canalizaba los recursos para la ejecución, autorizaba y transfería los pagos de los bonos, consolidaba y presentaba al Banco la información financiera y los informes de seguimiento y evaluación, entre otras responsabilidades establecidas en el Reglamento Operativo del programa.

Manual operativo. La ejecución del programa se regía por el Manual Operativo, que incluía las normas y procedimientos para la programación, la gestión financiera y contable, las adquisiciones, las auditorías, el seguimiento y la evaluación del programa. También abarcaba: (i) las responsabilidades de las entidades dependientes del MDRyT, el IPD-SA y el PCEU; (ii) los criterios de elegibilidad de los municipios, las tecnologías y los beneficiarios; y (iii) los detalles de ejecución.

https://www.iadb.org/en/project/BO-L1096

La operación desarrolló un sistema de gestión y control (SIGESEVA) que contribuyeron a una ejecución eficaz y eficiente. Este sistema sirvió de base para la implementación del programa propuesto, el cual incorpora criterios técnicos y operativos para fortalecer el monitoreo de indicadores de producto y resultados, así como para la recolección de información durante la fase de registro. El SIGESEVA incluyó información digital sobre beneficiarios, proveedores de tecnología, por otro lado, la operación propuesta incluirá un diseño riguroso de evaluación de impacto que medirá los efectos del programa utilizando una metodología experimental o cuasi-experimental para identificar un grupo de control.

  • Reglamento Operativo del Programa (ROP): La ejecución del programa se regirá por el ROP, que establece las normas y procedimientos para la planificación de actividades, la gestión financiero-contable, las adquisiciones, las auditorías y el seguimiento y evaluación del programa. Una condición previa para el primer desembolso es que el MDRyT haya aprobado y puesto en marcha el ROP previamente acordado con el Banco. También incluye:
    • procedimientos y responsabilidades de las entidades adscritas al MDRyT, ID-PSA, UCEP;
    • criterios de elegibilidad para municipios, tecnologías y beneficiarios;
    • detalles de ejecución de cada subcomponente; y
    • el PGAS.
  • Plan Operativo Anual (POA): El POA consolida todas las actividades a ser desarrolladas durante un determinado período de ejecución, categorizadas por producto, e incluye un cronograma físico-financiero. La UCEP presentará el POA y el Plan Plurianual de Ejecución (PEP) como parte de los informes semestrales de seguimiento, abarcando los dos semestres siguientes, incluyendo actividades, calendarios y presupuestos estimados para los productos financiados en el año anterior y los propuestos para el año siguiente. El POA y el PEP definitivos para el primer año se incluirán en el informe operativo inicial.

Plan de Ejecución Plurianual (PEP): El PEP contiene el calendario de ejecución del programa, incluido el calendario de desembolsos (número e importe de los desembolsos) basado en los indicadores de resultados ya incluidos en la Matriz de Resultados, así como el calendario de ejecución del proyecto.

Visitas anuales de inspección realizadas para supervisar las actividades del programa. El Jefe de Equipo realizó al menos una visita semestral a las obras del programa. Además, se apoyarán las Misiones de Gestión anuales para analizar el progreso del programa y abordar problemas específicos identificados.

Una evaluación de impacto cuasiexperimental confirma los efectos positivos del CRIAR sobre la productividad, la renta y la seguridad alimentaria. Los resultados muestran que la participación en el CRIAR aumentó el valor anual de la producción por hectárea en 92%. Esto representa un aumento de 1.870TP4T. Con respecto al ingreso agrícola neto, los resultados muestran que la participación en el CRIAR aumentó el ingreso agrícola neto de los hogares en 36% y el ingreso per cápita en 19%. Esto representa un aumento de 1.667TPT en los ingresos netos de los hogares y de 257TPT per cápita con respecto a los ingresos medios del grupo de control (4.630TPT y 1.354TPT). Además, los hogares beneficiarios tienen entre 20% y 30% más probabilidades de tener seguridad alimentaria que sus homólogos del grupo de control.

Escala y alcance

  • La evaluación de impacto desarrollada durante la primera fase del programa fue fundamental para aumentar el alcance y la escala de esta intervención en una segunda fase que se está ejecutando actualmente.

Menú Tecnología

  • A la hora de definir el menú tecnológico, es importante tener en cuenta factores agroambientales, socioculturales y económicos. Además, las tecnologías ofrecidas deben servir como potenciales medidas de adaptación para hacer frente a posibles escenarios de variabilidad climática.

Prestación de asistencia técnica a grupos

  • El cambio tecnológico es un factor clave para aumentar la productividad. Sin embargo, para maximizar los beneficios de las tecnologías adoptadas y mejorar la eficiencia productiva, es necesario complementar estos esfuerzos con asistencia técnica y formación. La asistencia técnica en grupo reduce los costes logísticos, genera economías de escala, aumenta el capital social y fomenta la colaboración.
  • La formación de asistentes técnicos en temas como género, cambio climático, tecnologías digitales, otros, debe considerarse cuando sea necesario.
  • La asistencia técnica es un proceso que debe durar al menos dos ciclos agrícolas para proporcionar los conocimientos y la información necesarios para una adopción adecuada de las tecnologías.
  • Mantener un registro actualizado de los participantes en el proyecto en formato digital con las características básicas del productor y de la explotación.

Enfoque de género

  • La brecha de género en las zonas rurales sigue siendo significativa. Las mujeres tienen menos probabilidades de acceder a la tecnología, la asistencia técnica y el crédito. El programa incluye un enfoque de género que promueve la participación de las mujeres a través de acciones en el marco de ejecución y en las herramientas de seguimiento y evaluación.

Análisis de la demanda

  • Para asegurar las condiciones que garanticen la articulación de la demanda potencial con la oferta de los proveedores, debe realizarse un análisis de la demanda que proporcione información relevante para el dimensionamiento del programa.

Estrategias de entrada y salida

  • La intervención debe tener estrategias claras de entrada y salida, con criterios específicos para la participación en el programa.

Evaluación y seguimiento

  • La estrategia de recopilación de datos (es decir, encuestas de referencia, de seguimiento, etc.) y el diseño de la evaluación de impacto deben planificarse durante el diseño de la intervención (antes de la ejecución);
  • La puesta en marcha de un sólido sistema de seguimiento y evaluación debe diseñarse para evaluar la focalización, así como para medir el impacto causal en los ingresos, la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la productividad.

Fomentar la participación del sector privado:

  • La realización de ferias tecnológicas -en las que varios proveedores se reúnen con los productores en un lugar específico designado (por ejemplo, una escuela, un centro deportivo, etc.)- puede ser útil para crear un vínculo entre la demanda y la oferta (es decir, entre los agricultores y los proveedores de tecnología). Los mismos espacios pueden utilizarse para la provisión y el intercambio de vales.
  • Los vales no pueden canjearse por dinero en efectivo. Los vales sólo se canjean por tecnologías y/o insumos agrícolas.

ODS 2 - Hambre cero

  • Objetivo 2.1 - Para 2030, poner fin al hambre y garantizar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a alimentos sanos, nutritivos y suficientes durante todo el año.
    • Indicador 2.1.1 - Prevalencia de la subnutrición
    • Indicador 2.1.2 - Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, basada en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES).
  • Objetivo 2.3 - De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, en particular mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra, a otros recursos e insumos productivos, a los conocimientos, a los servicios financieros, a los mercados y a las oportunidades de valor añadido y empleo no agrícola.
    • Indicador 2.3.1 - Volumen de producción por unidad de mano de obra por clases de tamaño de empresa agrícola/pastoral/silvícola
    • Indicador 2.3.2 - Ingresos medios de los pequeños productores de alimentos, por sexo y condición indígena
  • Objetivo 2.4. - Para 2030, garantizar sistemas sostenibles de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, que refuercen la capacidad de adaptación al cambio climático, las condiciones meteorológicas extremas, la sequía, las inundaciones y otras catástrofes, y que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.
    • Indicador 2.4.1 - Proporción de la superficie agrícola dedicada a la agricultura productiva y sostenible

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