La agricultura es un pilar fundamental de la economía Bolivian y el principal medio de vida de su población rural. El sector no sólo ha sido un motor clave del crecimiento económico, sino también un elemento esencial para la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la mejora de la nutrición. Frente a retos como la urbanización, el cambio climático y la creciente necesidad de una gestión más sostenible de los recursos naturales, la agricultura de Bolivian evoluciona dinámicamente para adaptarse.
En este contexto, se creó el Programa de Alianzas Rurales (PAR) como una iniciativa gubernamental Bolivian apoyada por el Banco Mundial (financiación y asistencia técnica) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (orientación técnica). Desde 2006, el PAR ha trabajado para fortalecer a los pequeños agricultores fomentando alianzas productivas, colaboraciones entre agricultores, compradores, asociaciones e instituciones para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la sostenibilidad. Hasta la fecha, el PAR, en sus fases I y II, ha beneficiado a 2.601 alianzas y ha fortalecido a los agricultores que participan en ellas a lo largo de Bolivia con capital de inversión y asistencia técnica.
PAR no crea directamente cooperativas, sino que ayuda a las organizaciones de productores rurales existentes (incluidas cooperativas, asociaciones y otros grupos) a desarrollar sus capacidades institucionales y productivas (por ejemplo: formalización de la empresa, acceso a mecanismos de financiación y nuevos mercados, adopción de nuevas tecnologías).
Para apoyar a las organizaciones, el gobierno contrata a empresas de consultoría o a consultores individuales con experiencia demostrada en el tema de la asesoría. Después de ayudar a la organización a formalizarse (es decir: hacer su registro legal, obtener licencias sanitarias y ambientales para operar, tener una cuenta bancaria), los facilitadores apoyan a las asociaciones a construir planes orientados a los negocios donde las inversiones y los riesgos se comparten entre los productores. A continuación, el apoyo se centra en el desarrollo y la aplicación de estos planes agrícolas, fomentando la eficiencia, la rentabilidad y el acceso al mercado.
El asesoramiento continuado se presta en función del plan y las demandas de cada asociación. La asistencia técnica se centra en la adopción de prácticas de gestión de cultivos sostenibles y más eficientes, el aumento de la eficiencia del uso del agua en el riego, la buena gestión de los insumos agrícolas, los procesos de adquisición, la gestión financiera y la consolidación de los costes de producción, entre otros.
La asistencia está especialmente adaptada a los contextos de género, educativos y sociales de los campesinos asistidos. El programa propone mecanismos para asegurar que las necesidades de la población de mujeres indígenas originarias, campesinas interculturales y afro-Bolivian de las zonas de intervención sean consideradas y puedan participar efectivamente en los subproyectos de alianzas comunitarias/productivas y recibir los beneficios de su participación. Además, tiene objetivos explícitos para cerrar las brechas de género en la agricultura con respecto a: (a) ingresos y mercado laboral, (b) Acceso al Crédito, (c) Violencia de Género, (d) Opciones Productivas, (e) Educación, (f) Empleo y (g) Propiedad de la Tierra, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
En particular, el PAR III implementará inversiones a pequeña escala en infraestructuras y servicios para una mejor nutrición y acciones de reducción de la vulnerabilidad. Estas incluyen el riego tecnológicamente avanzado, el uso de sensores de humedad y el uso de drones para obtener datos en tiempo real sobre la producción de alimentos, entre otras prácticas cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Este proyecto se alinea con el marco político nacional delineado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia (PDES 2021-2025) y tiene como objetivo llegar a 1.270 organizaciones de productores rurales.
Mejorar la cantidad y la calidad de los productos agrícolas no sólo implica mejorar la renta y la competitividad de los productores rurales, sino también garantizar que Bolivia disponga de alimentos suficientes para cumplir sus planes de nutrición y desarrollo social, un reto clave en el país.
La primera fase, lanzada en 2006, llegó a más de 28.000 hogares rurales y estableció 768 asociaciones. El PAR II, en 2012, amplió su alcance a más de 23.000 familias en 120 municipios del país. La tercera fase, prevista hasta 2027, pretende apoyar a unos 128.000 hogares rurales, haciendo hincapié en la adopción de prácticas agrícolas que tengan en cuenta la variabilidad climática.
La primera fase del PAR comenzó en 2006 con una inversión de US$64,8 millones. Le siguió PAR II en 2012, que recibió una nueva fase de financiación del Banco Mundial de US$150 millones. Ambas fases contribuyeron significativamente a aumentar los ingresos en las zonas rurales y a transformar la agricultura a pequeña escala de un sector de subsistencia a otro mucho más orientado al mercado. La tercera fase del PAR, lanzada recientemente, se centra en el fortalecimiento del sector agrícola frente a las perturbaciones climáticas y económicas, con una duración prevista hasta 2027 y una inversión de 300 millones de USD del Banco Mundial.
El Programa de Asociaciones Rurales (PAR) en el Bolivia funciona con arreglo a un modelo de gobernanza colaborativa de múltiples partes interesadas, mediado por el Estado, que combina la dirección centralizada de las políticas con la ejecución descentralizada y la toma de decisiones participativa. El Gobierno del Bolivian, principalmente a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), proporciona el marco estratégico general, garantizando la alineación con los planes nacionales de desarrollo como el PDES 2021-2025 y las políticas de soberanía alimentaria. Sin embargo, la gobernanza es claramente policéntrica e incorpora socios financieros y técnicos internacionales como el Banco Mundial (que proporciona financiación y supervisión basada en resultados) y la FAO (que aporta su experiencia en agricultura sostenible y adaptación al clima).
A nivel local, el programa emplea un enfoque participativo y ascendente mediante el fomento de 2.601 alianzas de productores que ponen en contacto a pequeños agricultores, compradores privados, cooperativas y asesores técnicos. Estas alianzas funcionan como plataformas de gobernanza compartida en las que se gestionan colectivamente los riesgos, las inversiones y la toma de decisiones. El modelo también integra mecanismos de gobernanza que tienen en cuenta las cuestiones de género y se centran específicamente en el empoderamiento de las agricultoras indígenas para abordar las disparidades en la participación laboral y el acceso a los recursos.
La financiación y la supervisión siguen una estructura híbrida pública-privada-sociedad civil: los fondos públicos (por ejemplo, préstamos del Banco Mundial) financian las infraestructuras y la asistencia técnica, mientras que los vínculos con el mercado son impulsados por asociaciones del sector privado. Los agentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones indígenas, desempeñan un papel oficial en la codiseñación de las intervenciones y la garantía de la equidad. La adaptación al clima se integra en la gobernanza a través de aportaciones tecnocráticas (por ejemplo, prácticas sostenibles dirigidas por la FAO) y adaptación localizada (por ejemplo, adopción de tecnologías de riego impulsada por los agricultores).
La gobernanza del programa se caracteriza además por la iteración basada en pruebas, con evaluaciones de impacto (por ejemplo, las ganancias de ingresos probadas de PAR II) que informan la ampliación y los ajustes. Esto crea un sistema dinámico que equilibra la coordinación estatal, la responsabilidad internacional y la agencia local, un diseño deliberado para transformar la agricultura de subsistencia en un sector resistente e integrado en el mercado, al tiempo que se abordan las desigualdades estructurales y las vulnerabilidades climáticas del Bolivia.
En esencia, la gobernanza del PAR no es ni puramente descendente ni enteramente dirigida por las bases, sino un equilibrio negociado entre las partes interesadas, con el Estado actuando como ancla en medio de una ejecución descentralizada. Esto refleja el espíritu de desarrollo más amplio del Bolivia, en el que los objetivos de soberanía se entrecruzan con los marcos de sostenibilidad global y el empoderamiento localizado.
Plataforma gubernamental de datos abiertos Bolivia: https://www.datos.gob.bo/
El impacto económico y social por la implementación del proyecto de alianzas rurales en la región norte de Bolívia (2009-2015) - CHAMBI, A., 2017. “El Impacto Económico y Social por la Implementación del Proyecto de Alianzas Rurales en la Región Norte de Bolivia (2009-2015)”, Universidad Mayor de San Andrés - Tesis de Grado.
Hallazgos: PAR I ha producido un incremento en el ingreso neto de la actividad productiva del hogar de Bs 36.386, 57 anuales más que un productor no beneficiario. El ingreso neto productivo es mayor en Bs. 3.030 mensuales del beneficiario del PAR I en comparación con el no beneficiario. Este cambio es estadísticamente significativo, lo que significa que la participación en el PAR ha incrementado consistente y claramente los ingresos de los hogares, produciendo un impacto positivo. El aumento general de los ingresos netos procedentes de las actividades productivas (agricultura y ganadería) representa una contribución efectiva del proyecto a la reducción de la pobreza y al cumplimiento de su objetivo. Este aumento de los ingresos de Bs 3.030 al mes está muy por encima del umbral de pobreza.
Informe Final de Evaluación de impacto del PAR 2023 - Banco de Trabajo de Investigación, Elaborado por: Javier Monterrey Arce, 2023.
Conclusiones: PAR II generó importantes impactos económicos y sociales para los productores participantes. Aumentó los ingresos laborales medios anuales en 53% (1.179 USD) e incrementó los ingresos brutos de producción en 2.139 USD (59% de aumento neto de los ingresos). El programa también aumentó el valor del autoconsumo en 22% (de 146 USD a 179 USD), al tiempo que redujo los costes unitarios de producción. Los principales ingresos ganaderos aumentaron (por ejemplo, aves de corral +490%, ganado vacuno +71%), y los ingresos por cultivos/subproductos crecieron (por ejemplo, patatas +48%, maíz +50%). El PAR II redujo la pobreza moderada en 12 puntos porcentuales (de 62% a 50%) y la pobreza extrema en 11 puntos (de 42% a 31%), impulsadas por mayores volúmenes de producción y mejores precios de mercado. Al pasar de una agricultura de subsistencia a una eficiencia orientada al mercado, el PAR reforzó la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones y el bienestar colectivo a través de la asistencia técnica y las alianzas de productores.
● El proceso de implementación en Bolivia reveló varias lecciones críticas. El crecimiento económico impulsado por el auge de las materias primas y el gasto público redujo inicialmente la pobreza de forma significativa, pero este progreso resultó vulnerable a las perturbaciones externas como la caída de los precios de las materias primas y la crisis COVID-19. Esto pone de relieve la necesidad de estrategias económicas más diversificadas y resistentes que vayan más allá de las industrias extractivas.
● La agricultura surgió como un sector vital para la reducción de la pobreza, sin embargo, su potencial sigue limitado por desafíos estructurales. Los pequeños agricultores se enfrentan a graves limitaciones debido a la fragmentación de la tierra, la baja productividad y el acceso desigual al mercado. Los enfoques exitosos requieren la acción colectiva a través de organizaciones de productores para fortalecer el poder de negociación, compartir riesgos y mejorar la adopción de tecnología.
● Las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes resultaron esenciales para la sostenibilidad. La producción agrícola actual de Bolivia está muy por debajo de su potencial, con oportunidades para casi duplicar la productividad a través de la mejora del riego, la diversificación de cultivos y una mejor gestión de la tierra. Las inversiones en tecnologías eficientes en el uso del agua y en prácticas resistentes al clima son necesarias para adaptarse a la creciente volatilidad del clima, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales.
La importancia de la inversión pública focalizada se hizo evidente, en particular en el apoyo a los pequeños agricultores a través del acceso al crédito, la infraestructura y la asistencia técnica. Cuando el espacio fiscal se contrajo después de 2014, la reducción de la pobreza se ralentizó drásticamente, lo que demuestra lo crucial que es un gasto agrícola bien dirigido para mantener el progreso.
La tecnología y la innovación deben ser inclusivas para beneficiar a los grupos marginados. Las herramientas digitales, como los servicios de asesoramiento móvil y los equipos de agricultura de precisión, pueden colmar las lagunas de conocimiento si se diseñan para que sean accesibles. Del mismo modo, es necesario abordar las disparidades de género en la agricultura mediante el apoyo específico a las mujeres agricultoras para liberar todo el potencial del sector.
● Por último, la resiliencia requiere integrar las políticas económicas y de adaptación al clima. Las perturbaciones combinadas de la COVID-19 y el desplome de los precios de los productos básicos pusieron de manifiesto vulnerabilidades que podrían mitigarse mediante medios de vida rurales diversificados y sistemas de producción climáticamente inteligentes. Los programas que combinan el acceso al mercado con la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social son los más prometedores para lograr un impacto duradero.
● ODS 1: No a la pobreza
Meta 1.1: Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todo el mundo, medida actualmente como las personas que viven con menos de $1,25 al día.
○ Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, según las definiciones nacionales.
○ Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y las mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros.
● ODS 2: Hambre cero
Meta 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y garantizar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a alimentos sanos, nutritivos y suficientes durante todo el año.
○ Meta 2.3: De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, en particular mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra, a otros recursos e insumos productivos, a los conocimientos, a los servicios financieros, a los mercados y a las oportunidades de valor añadido y empleo no agrícola.
○ Meta 2.4: Para 2030, garantizar sistemas sostenibles de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, que refuercen la capacidad de adaptación al cambio climático, las condiciones meteorológicas extremas, la sequía, las inundaciones y otras catástrofes, y que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y del suelo.
● ODS 5: Igualdad de género
○ Meta 5.5: Garantizar la participación plena y efectiva de la mujer y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de decisión en la vida política, económica y pública.
Meta 5.a: Emprender reformas para otorgar a las mujeres los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con la legislación nacional.
● ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
○ Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo digno, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y fomenten la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en particular mediante el acceso a los servicios financieros.
● ODS 10: Reducción de las desigualdades
○ Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica o de otro tipo.
● ODS 13: Acción por el clima
Meta 13.1: Reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
● ODS 15: La vida en la tierra
Meta 15.3: Para 2030, luchar contra la desertificación, restaurar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr un mundo neutro en cuanto a la degradación de la tierra.
● ODS 1: No a la pobreza
Meta 1.1: Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todo el mundo, medida actualmente como las personas que viven con menos de $1,25 al día.
○ Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, según las definiciones nacionales.
○ Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y las mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros.
● ODS 2: Hambre cero
Meta 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y garantizar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a alimentos sanos, nutritivos y suficientes durante todo el año.
○ Meta 2.3: De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, en particular mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra, a otros recursos e insumos productivos, a los conocimientos, a los servicios financieros, a los mercados y a las oportunidades de valor añadido y empleo no agrícola.
○ Meta 2.4: Para 2030, garantizar sistemas sostenibles de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, que refuercen la capacidad de adaptación al cambio climático, las condiciones meteorológicas extremas, la sequía, las inundaciones y otras catástrofes, y que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y del suelo.
● ODS 5: Igualdad de género
○ Meta 5.5: Garantizar la participación plena y efectiva de la mujer y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de decisión en la vida política, económica y pública.
Meta 5.a: Emprender reformas para otorgar a las mujeres los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con la legislación nacional.
● ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
○ Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo digno, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y fomenten la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en particular mediante el acceso a los servicios financieros.
● ODS 10: Reducción de las desigualdades
○ Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica o de otro tipo.
● ODS 13: Acción por el clima
Meta 13.1: Reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
● ODS 15: La vida en la tierra
Meta 15.3: Para 2030, luchar contra la desertificación, restaurar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr un mundo neutro en cuanto a la degradación de la tierra.
La agricultura es un pilar fundamental de la economía Bolivian y el principal medio de vida de su población rural. El sector no sólo ha sido un motor clave del crecimiento económico, sino también un elemento esencial para la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la mejora de la nutrición. Frente a retos como la urbanización, el cambio climático y la creciente necesidad de una gestión más sostenible de los recursos naturales, la agricultura de Bolivian evoluciona dinámicamente para adaptarse.
En este contexto, se creó el Programa de Alianzas Rurales (PAR) como una iniciativa gubernamental Bolivian apoyada por el Banco Mundial (financiación y asistencia técnica) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (orientación técnica). Desde 2006, el PAR ha trabajado para fortalecer a los pequeños agricultores fomentando alianzas productivas, colaboraciones entre agricultores, compradores, asociaciones e instituciones para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la sostenibilidad. Hasta la fecha, el PAR, en sus fases I y II, ha beneficiado a 2.601 alianzas y ha fortalecido a los agricultores que participan en ellas a lo largo de Bolivia con capital de inversión y asistencia técnica.
PAR no crea directamente cooperativas, sino que ayuda a las organizaciones de productores rurales existentes (incluidas cooperativas, asociaciones y otros grupos) a desarrollar sus capacidades institucionales y productivas (por ejemplo: formalización de la empresa, acceso a mecanismos de financiación y nuevos mercados, adopción de nuevas tecnologías).
Para apoyar a las organizaciones, el gobierno contrata a empresas de consultoría o a consultores individuales con experiencia demostrada en el tema de la asesoría. Después de ayudar a la organización a formalizarse (es decir: hacer su registro legal, obtener licencias sanitarias y ambientales para operar, tener una cuenta bancaria), los facilitadores apoyan a las asociaciones a construir planes orientados a los negocios donde las inversiones y los riesgos se comparten entre los productores. A continuación, el apoyo se centra en el desarrollo y la aplicación de estos planes agrícolas, fomentando la eficiencia, la rentabilidad y el acceso al mercado.
El asesoramiento continuado se presta en función del plan y las demandas de cada asociación. La asistencia técnica se centra en la adopción de prácticas de gestión de cultivos sostenibles y más eficientes, el aumento de la eficiencia del uso del agua en el riego, la buena gestión de los insumos agrícolas, los procesos de adquisición, la gestión financiera y la consolidación de los costes de producción, entre otros.
La asistencia está especialmente adaptada a los contextos de género, educativos y sociales de los campesinos asistidos. El programa propone mecanismos para asegurar que las necesidades de la población de mujeres indígenas originarias, campesinas interculturales y afro-Bolivian de las zonas de intervención sean consideradas y puedan participar efectivamente en los subproyectos de alianzas comunitarias/productivas y recibir los beneficios de su participación. Además, tiene objetivos explícitos para cerrar las brechas de género en la agricultura con respecto a: (a) ingresos y mercado laboral, (b) Acceso al Crédito, (c) Violencia de Género, (d) Opciones Productivas, (e) Educación, (f) Empleo y (g) Propiedad de la Tierra, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
En particular, el PAR III implementará inversiones a pequeña escala en infraestructuras y servicios para una mejor nutrición y acciones de reducción de la vulnerabilidad. Estas incluyen el riego tecnológicamente avanzado, el uso de sensores de humedad y el uso de drones para obtener datos en tiempo real sobre la producción de alimentos, entre otras prácticas cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Este proyecto se alinea con el marco político nacional delineado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia (PDES 2021-2025) y tiene como objetivo llegar a 1.270 organizaciones de productores rurales.
Mejorar la cantidad y la calidad de los productos agrícolas no sólo implica mejorar la renta y la competitividad de los productores rurales, sino también garantizar que Bolivia disponga de alimentos suficientes para cumplir sus planes de nutrición y desarrollo social, un reto clave en el país.
● El proceso de implementación en Bolivia reveló varias lecciones críticas. El crecimiento económico impulsado por el auge de las materias primas y el gasto público redujo inicialmente la pobreza de forma significativa, pero este progreso resultó vulnerable a las perturbaciones externas como la caída de los precios de las materias primas y la crisis COVID-19. Esto pone de relieve la necesidad de estrategias económicas más diversificadas y resistentes que vayan más allá de las industrias extractivas.
● La agricultura surgió como un sector vital para la reducción de la pobreza, sin embargo, su potencial sigue limitado por desafíos estructurales. Los pequeños agricultores se enfrentan a graves limitaciones debido a la fragmentación de la tierra, la baja productividad y el acceso desigual al mercado. Los enfoques exitosos requieren la acción colectiva a través de organizaciones de productores para fortalecer el poder de negociación, compartir riesgos y mejorar la adopción de tecnología.
● Las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes resultaron esenciales para la sostenibilidad. La producción agrícola actual de Bolivia está muy por debajo de su potencial, con oportunidades para casi duplicar la productividad a través de la mejora del riego, la diversificación de cultivos y una mejor gestión de la tierra. Las inversiones en tecnologías eficientes en el uso del agua y en prácticas resistentes al clima son necesarias para adaptarse a la creciente volatilidad del clima, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales.
La importancia de la inversión pública focalizada se hizo evidente, en particular en el apoyo a los pequeños agricultores a través del acceso al crédito, la infraestructura y la asistencia técnica. Cuando el espacio fiscal se contrajo después de 2014, la reducción de la pobreza se ralentizó drásticamente, lo que demuestra lo crucial que es un gasto agrícola bien dirigido para mantener el progreso.
La tecnología y la innovación deben ser inclusivas para beneficiar a los grupos marginados. Las herramientas digitales, como los servicios de asesoramiento móvil y los equipos de agricultura de precisión, pueden colmar las lagunas de conocimiento si se diseñan para que sean accesibles. Del mismo modo, es necesario abordar las disparidades de género en la agricultura mediante el apoyo específico a las mujeres agricultoras para liberar todo el potencial del sector.
● Por último, la resiliencia requiere integrar las políticas económicas y de adaptación al clima. Las perturbaciones combinadas de la COVID-19 y el desplome de los precios de los productos básicos pusieron de manifiesto vulnerabilidades que podrían mitigarse mediante medios de vida rurales diversificados y sistemas de producción climáticamente inteligentes. Los programas que combinan el acceso al mercado con la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social son los más prometedores para lograr un impacto duradero.
-; Tecnologías agrícolas resistentes al clima; Acceso en favor de los pobres a insumos, tecnología y conocimientos agrícolas; Promover el acceso inclusivo a los mercados agrícolas.
El Programa de Asociaciones Rurales (PAR) en el Bolivia funciona con arreglo a un modelo de gobernanza colaborativa de múltiples partes interesadas, mediado por el Estado, que combina la dirección centralizada de las políticas con la ejecución descentralizada y la toma de decisiones participativa. El Gobierno del Bolivian, principalmente a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), proporciona el marco estratégico general, garantizando la alineación con los planes nacionales de desarrollo como el PDES 2021-2025 y las políticas de soberanía alimentaria. Sin embargo, la gobernanza es claramente policéntrica e incorpora socios financieros y técnicos internacionales como el Banco Mundial (que proporciona financiación y supervisión basada en resultados) y la FAO (que aporta su experiencia en agricultura sostenible y adaptación al clima).
A nivel local, el programa emplea un enfoque participativo y ascendente mediante el fomento de 2.601 alianzas de productores que ponen en contacto a pequeños agricultores, compradores privados, cooperativas y asesores técnicos. Estas alianzas funcionan como plataformas de gobernanza compartida en las que se gestionan colectivamente los riesgos, las inversiones y la toma de decisiones. El modelo también integra mecanismos de gobernanza que tienen en cuenta las cuestiones de género y se centran específicamente en el empoderamiento de las agricultoras indígenas para abordar las disparidades en la participación laboral y el acceso a los recursos.
La financiación y la supervisión siguen una estructura híbrida pública-privada-sociedad civil: los fondos públicos (por ejemplo, préstamos del Banco Mundial) financian las infraestructuras y la asistencia técnica, mientras que los vínculos con el mercado son impulsados por asociaciones del sector privado. Los agentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones indígenas, desempeñan un papel oficial en la codiseñación de las intervenciones y la garantía de la equidad. La adaptación al clima se integra en la gobernanza a través de aportaciones tecnocráticas (por ejemplo, prácticas sostenibles dirigidas por la FAO) y adaptación localizada (por ejemplo, adopción de tecnologías de riego impulsada por los agricultores).
La gobernanza del programa se caracteriza además por la iteración basada en pruebas, con evaluaciones de impacto (por ejemplo, las ganancias de ingresos probadas de PAR II) que informan la ampliación y los ajustes. Esto crea un sistema dinámico que equilibra la coordinación estatal, la responsabilidad internacional y la agencia local, un diseño deliberado para transformar la agricultura de subsistencia en un sector resistente e integrado en el mercado, al tiempo que se abordan las desigualdades estructurales y las vulnerabilidades climáticas del Bolivia.
En esencia, la gobernanza del PAR no es ni puramente descendente ni enteramente dirigida por las bases, sino un equilibrio negociado entre las partes interesadas, con el Estado actuando como ancla en medio de una ejecución descentralizada. Esto refleja el espíritu de desarrollo más amplio del Bolivia, en el que los objetivos de soberanía se entrecruzan con los marcos de sostenibilidad global y el empoderamiento localizado.
La primera fase, lanzada en 2006, llegó a más de 28.000 hogares rurales y estableció 768 asociaciones. El PAR II, en 2012, amplió su alcance a más de 23.000 familias en 120 municipios del país. La tercera fase, prevista hasta 2027, pretende apoyar a unos 128.000 hogares rurales, haciendo hincapié en la adopción de prácticas agrícolas que tengan en cuenta la variabilidad climática.
La primera fase del PAR comenzó en 2006 con una inversión de US$64,8 millones. Le siguió PAR II en 2012, que recibió una nueva fase de financiación del Banco Mundial de US$150 millones. Ambas fases contribuyeron significativamente a aumentar los ingresos en las zonas rurales y a transformar la agricultura a pequeña escala de un sector de subsistencia a otro mucho más orientado al mercado. La tercera fase del PAR, lanzada recientemente, se centra en el fortalecimiento del sector agrícola frente a las perturbaciones climáticas y económicas, con una duración prevista hasta 2027 y una inversión de 300 millones de USD del Banco Mundial.
Plataforma gubernamental de datos abiertos Bolivia: https://www.datos.gob.bo/